Colegio de San Fernando: Siglo XVIII

Frustrada también esta cuarta tentativa, transcurrieron más de 40 años hasta que otro vitoriano don Juan Francisco de Manrique y Arana- dejó como heredera a la provincia jesuítica de Castilla, con la obligación de "fundar un Hospicio o Casa de residencia en Vitoria".

Era provincial el P. Francisco Miranda y escribió estando en Salamanca una carta -12 enero 1737- al ayuntamiento vitoriano, manifestándole que el P.General aprobaba el proyecto fundacional y suplicándole que intercediera ante el rey para llevar a efecto la pretensión del difunto excapitán general de Su Majestad.

Y aunque esta vez se mostró favorable el ayuntamiento fueron las comunidades eclesiásticas -diocesanos y religiosos- las que volvieron a oponerse, recurriendo al Consejo y consiguiendo una provisión para que el ayuntamiento denegara el permiso.

Desde la muerte (1736) del excapitán general hasta el año 1751 se sucedieron "muchos lances"... Pero los monarcas Felipe V y Fernando VI intervinieron con sus decretos, por los que podrían vivir dos jesuitas en Vitoria, con libertad para ejercer sus ministerios en la iglesia del Hospital de Santiago que era de patronato de la ciudad- y en las Brígidas, así como en pueblos cercanos. Y por descontado: "no sin oposición de las Comunidades Seculares (diocesanas) a las que también se adhirieron las Comunidades de Religiosos", según dice Landázuri.

Pensó el Provincial destinar a Vitoria al afamado misionero P. Calatayud para que los mal informados -sobre los jesuitas- cesaran sus hostilidades... Finalmente, optó por enviar al Padre Adrián Crocce y Tourlon, quien -aunque de oriundez belga- era natural de Vitoria y uno de los jesuitas "más cabales" de la Provincia de Castilla. El jesuita Malaxechevarría le calificó de "hombre culto, instruido, literato y batallador incansable". Pues bien, con este vitoriano formó la bina jesuítica el P. José Iturri, natural de Elorrio. Durante seis años (1737-1743) los catálogos de la Provincia de Castilla registraron a los jesuitas Adrián Antonio Crocce y José Iturri en la capital alavesa: "para fundar una Residencia".

Estos jesuitas "residentes", como escribió el Nuncio Enríquez en su informe, estaban en la ciudad "administrando sus bienes, pero sin tener iglesia, ni oratorio, ni campana, ni forma de comunidad". No obstante, el clero y los frailes pretendían que el Consejo Real los expulsara... Y al no lograrlo acudieron a Roma y consiguieron que la Congregación de Obispos y Regulares diese su dictamen -al Papa- desaconsejando la erección de colegio en Vitoria. Y así fue: por un Breve pontificio -año 1745- negó la licencia Benedicto XIV.

Conocido este Breve, acudió una comisión al obispo diocesano -Espejo Cisneros- pidiéndole que expulsase de Vitoria a los dos jesuitas: así lo hizo el octogenario y decrépito obispo de Calahorra, concediéndoles dos días para abandonar la ciudad... Pero como el documento papal hablaba de "colegio" y ellos dos no formaban institución recurrieron a la Cancillería de Valladolid, que les dio la razón y ordenó que siguieran en su casa.

Fue ahora cuando el Papa pidió al nuncio le informara y aconsejase. Enríquez le informó -año 1746- y entonces el Papa declaró que su documento, que se refería a 'colegio", en nada afectaba a dos jesuitas que vivían como particulares y dedicados a administrar sus bienes. Durante el trienio 1745-1747, en el denominado "hospitium victoriense" por los catálogos jesuíticos, seguían dos sacerdotes: el navarro P. Agustín de la Mata y el citado elorriano Iturri.

Pero en mayo de 1747 se recibió una orden del P. General que mandaba fuesen sustituidos por dos Hermanos coadjutores, dejando entender que "lo mandaba por orden superior"... Se hizo el relevo en agosto el catálogo de 1748 registró, efectivamente, a los HH. José Odiaga y Domingo Osava en el "hospitium victoriense". Ahora bien, cuando el Papa Benedicto XIV supo que no había sido bien interpretado, "insinuó" que los dos sacerdotes jesuitas podían regresar a su casa de Vitoria: una casa que el catálogo jesuítico seguía denominando "hospicio" y estaba en Villasuso, sobre el Portal de San Bartolomé.

El decrépito obispo renunció su mitra en 1747, sucediéndole -en la sede de Calahorra y La Calzada - don Diego de Rojas y Contreras. En 1751 hizo visita pastoral a Vitoria y manifestó -en ambos cabildos- su deseo de que, como en otras ciudades, hiciera el clero los ejercicios espirituales... El representante de un cabildo replicó que no con el P. Calatayud y el del otro que con "ningún jesuita"... En Villasuso estaban ahora los PP. Agustín de la Mata y Antonio Arrevillaga. Con ellos se hospedaría el famoso predicador P. Calatayud. Consta que acudieron a escucharle, en la iglesia de los Franciscanos, unos 800 clérigos: lo que demuestra que la resistencia partía de unos pocos.

El diocesano Rojas era "Caballero de la Orden de Calatrava, señor de Arnedillo y del Consejo de Su Majestad". Pero, junto con estos títulos, debía ser de armas tomar... Y esta vez tomó una decisión: acudir al rey Fernando VI y al papa Benedicto XIV pidiéndoles la fundación del Colegio de la Compañía de Jesús en Vitoria.

La respuesta del monarca fue un Real Decreto, dado en Buen Retiro, con fecha 18 de abril de 1751, en el que se afirmaba: "No ha dejado de manifestar la experiencia que, en las inquietudes y pleitos que de muchos años a esta parte tienen turbada la deseada paz entre los vecinos de la Ciudad de Vitoria, puede haber influido eficazmente la repetida y voluntaria contradicción cine ha sufrido el intento de fundar, en ella, un Colegio o Casa de la religión de la Compañía de Jesús, promovido por los sujetos más recomendables de aquel vecindario y al que siempre se han opuesto sus Comunidades religiosas y los dos Cabildos eclesiásticos".

Todo esto decía Fernando VI -pues se lo había escrito Rojas- y también lo que seguía: "Pero la falta de conducta y respeto conque éstos (los cabildos) se gobernaron, en la ocasión de pasar el actual Obispo de Calahorra a ejecutar la visita, acredita ahora con evidencia que ha sido y es el único y verdadero origen de las continuas turbaciones padecidas su apasionado empeño de embarazar la fundación" del colegio.

Después de poner su dedo en la verdadera llaga, el monarca acababa: "He venido en prestar, igualmente, mi real consentimiento para que se funde el Colegio o casa, en la forma y con las condiciones que proponen el Ayuntamiento y el Obispo. Y he mandado que al Provincial de la Compañía de Jesús -de la Provincia de Castilla la Vieja - se manifieste será de mi real agrado concurra, por su parte, a que tenga el más pronto y debido efecto".

Más todavía: quería el rey "quitar de una vez los motivos de desunión que, en los ánimos inclinados a ella, suele fomentar la esperanza" de nuevos recursos y por esta razón había resuelto, también, que "no se admita recurso alguno sobre el asunto de la expresada fundación".

La Bula pontificia iba destinada al "Venerabili Fratri Didaco Episcopo Calagurritani", con fecha 29 de abril. El Papa decía que "Nuestro carísimo Fernando, rey de España" le había expuesto el testamento del noble Manrique, dejando "herencia para la fundación de una Casa o Colegio, de los amados hijos presbíteros regulares de la Compañia de Jesús, en la ciudad de Vitoria, de tu diócesis calagurritana". Y a esta fundación "aprobada -dice el papa- por la mayor parte de los ciudadanos nobles, mostraban oposición ambos cleros, secular y regular, sin motivo razonable".

Fue el Marqués de la Ensenada quien remitió al obispo Rojas la citada Bula, con una carta adjunta -17 mayo- en la que le animaba: "para que usando estas facultades... promueva, con todo el fervor de su celo, una obra en que tanto se interesa el servicio de ambas Majestades (Dios y el Rey) y la quietud y beneficio universal de aquella Ciudad".

Con fecha 29 de mayo, estando en Vitoria de visita pastoral, emitió el obispo el documento por el que "erigió la Casa de habitación, que hoy tienen en esta Ciudad los dos PP. Jesuitas que residen en ella (de orden de S.M.) en Colegio o Casa de residencia de dicha religión de la Compañia de Jesús, conforme a las reglas de dicha religión aprobadas por la Sede Apostólica. Y con iglesia pública, que se pueda construir contigua a dicha habitación: para el culto divino y ministerios sagrados de los Religiosos que habitaren o moraren en dicho Colegio y Casa. Y con la dotación o dote de los réditos anuales que produjese el capital de la herencia del referido don Juan Francisco de Manrique", que son 15.000 reales al año: para que con ellos vivan cuantos cómodamente puedan, "sin mendigar en la Ciudad ni fuera de ella".

Otras condiciones había puesto el ayuntamiento, entre ellas la de no poder adquirir terrenos y renunciar al legado aquel del jesuita Baltasar de Arechabaleta, aplicado a la Cofradía del Rosario.

Finalmente, el diocesano Rojas daba licencia a los dos jesuitas, que estaban residiendo en Vitoria, para que pudieran abrir un oratorio público -con campana y puerta a la calle- y fuese "dedicado especialmente al Señor San Fernando, el Santo Rey de las Españas".

Aquel mismo día -29 mayo- el secretario de cámara don José de Toro y en presencia del alcalde don Gaspar de Alava, estando a la puerta de la casa de los PP. Agustín de la Mata y Antonio Arrevillaga, dio a éstos la posesión del derecho que el obispo les otorgaba. El acta dice que fueron testigos el Marqués de Montehermoso -don Francisco Tomás de Aguirre- y el gobernador don José Manuel de Esquível, con "otras muchas personas".

El Padre Visconti era General de la Compañía y comisionó al Provincial de Castilla -P. Juan Antonio Estañán- para aceptar la fundación vitoriana conforme a la voluntad de Fernando VI. Se hizo la fundación sobre esta casa de Villasuso, que estaba cerca del Palacio de Montehermoso. De junio de 1752 data el documento que expidió Tomás Pérez de Baños, en nombre del P. de la Mata y "demás Padres actualmente residentes en el Colegio de San Fernando de la Ciudad de Vitoria, nuevamente erigido". En el catálogo del "collegium victoriense" fue registrado el P. Agustín de la Mata (vicerector) y con él dos sacerdotes: PP. Francisco Manrique y Manuel Vicente Ribera. Eran cuatro de comunidad, pues el H. Francisco Lorenzo hacía de procurador o ecónomo.

En las Juntas Generales de la Provincia de Alava, celebradas en Salinas de Añana -5 mayo- el siguiente año 1753, se dijo iba a ser impresa una Vida de San Prudencio escrita por el presbítero Ibáñez de Echávarri. Se había solicitado la licencia al Real y Supremo Consejo de Castilla y éste había sometido el original a la censura y aprobación del jesuita P. Agustín de la Mata , rector del Colegio de San Fernando de la ciudad de Vitoria. Su juicio había sido favorable y se estaba a la espera del Real Decreto. Esto se dijo en Añana, pero no dejaba de ser muy positiva la confianza que el Consejo depo­sitaba en el rector jesuita, cuyos compañeros eran ahora -1753- el citado P. Ribera y uno nuevo: el P. José de Ontañón. De ecónomo y comprador seguía el H. Lorenzo.

Este mismo año -junio 1753- el obispo de Cartagena, que era gobernador del Consejo Real, escribía a la ciudad y alababa ese "santo celo con que se interesa en promover la fábrica de la Iglesia y Colegio de la Compañía de Jesús... por las veras con que V. S. desea el consuelo espiritual de sus vecinos y la buena educación y enseñanza de la Juventud ". Les prometía este "Diego obispo de Cartagena" y gobernador del Consejo que -"en mejor y más oportuno tiempo"- contribuiría también a su construcción.

Parece que las obras no progresaban y el ayuntamiento se dirigió también al H Francisco de Rávago, que era el confesor del monarca. Este jesuita contestó el 16 de julio: "correspondo a la de V.S., en que se lastima por el bien que pierden sus naturales en la tardanza de la fundación de la Iglesia y Colegio de la Compañía... Si tuviere oportunidad de llevar adelante sus buenos deseos, en cuanto a la representación que V.S. hace al Rey Nuestro Señor, lo ejecutaré corno V.S. sabe lo he hecho en lo que se ha compadecido con mi ministerio".

Fue al año siguiente -1754- cuando se construyó una iglesia mucho más capaz. Esto y otras cosas afirma Landázuri, pero que no concuerdan con los documentos que conocemos. Cierto que en el "collegium" de Villasuso seguían siendo cuatro los jesuitas y los mismos en 1755. Y "en el templo propio" oían confesiones los PP. Ontañón y Jerónimo Palacios. Sería en aquel primitivo oratorio público donde los penitentes eran atendidos por los jesuitas.

Pues fue en 1756 -sesión del 18 de agosto- cuando don Diego Maldonado y del Burgo, alcalde vitoriano, mostró cierto memorial del P. Agustín de la Mata , rector del Colegio de San Fernando, en el que decía: "habiendo concluido la fábrica de la iglesia etc." El rector pedía que, previa bendición de la iglesia, con la mayor solemnidad posible fuese reservado el Sacramento. Y además, puesto que era "árbitro" el ayuntamiento, le suplicaba que programara las funciones y asistiera a ellas en corporación etc. etc.

Con el alcalde, fueron doce los reunidos en sesión y otros tantos los votantes. Pero el alcalde dijo que él se reservaba votar el último, tras haber escuchado el voto de los demás.

Comenzó la rueda don Domingo González Echevarría y dijo que se debía dar gracias -por esta invitación- a los jesuitas y en su día asistir corporativamente a los actos. El señor Conde de Vado opinó que la asistencia era indispensable, pero también habrían de celebrarse "una o dos corridas de toros". El procurador don Santiago de Velasco dijo que se remitía al voto del regidor González Echevarría. Y el Marqués de Legarda se apuntó a lo que dijera el regidor don Diego de la Fuente y Vargas.

Este Vargas dijo muchas cosas, pero sólo veremos algunas: que el último día corriera la ciudad con los gastos de la Misa , del sermón y fuegos por la noche. Y en dos días, que señalen los regidores, se tendrían "dos corridas de Toros, quince en cada uno"... Porque, según Vargas, "sería de grande nota a la grandeza de V.S. ( la Ciudad ) dejar de manifestar sus júbilos con especialidad, cuando consta de sus actas y decretos que con intervención de sus Capitulares, nemine discrepante, se representó a Su Majestad el anhelo que la Ciudad tenía para que tuviese efecto la fundación de dicho Colegio".

Tras su discurso, el regidor Vargas arrastró consigo cinco votos más. El resto de votantes fueron: Francisco Porcel, Roque Sáenz de Buruaga, Francisco Díaz de Arcaya, Juan Ortiz de Zárate, José de Urdaneta y Atanasio José de Lorca. En resumen: cuatro Echevarrías y siete Vargas, porque al voto de éste también se adhirió el alcalde.

Fue presentada al Consejo esta votación y con fecha 30 de agosto contestó su gobernador, que ya sabemos era el obispo de Cartagena: "me deja muy mortificado el no poder complacer a V.S. en el permiso que solicita para dos Corridas de Toros, que ha resuelto se tengan con tan plausible motivo" de la dedicación a San Fernando de la nueva iglesia construida.

Por lo demás, no habría problema en que la ciudad asistiera "a la celebridad de la función del Colegio de la Compañia de Jesús" y en que corriera con los gastos de los "fuegos, cera, sermón"... Lo comunicó -13 setiembre- el citado obispo y añadía: "en mi antecedente explicaba, con bastante claridad, que a excepción de las Corridas de Toros, por tenerlas prohibidas Su Majestad", todo lo demás del acuerdo municipal tenía motivos justificados. Tales eran: "dedicarse una nueva iglesia en esa Ciudad; haber sido a solicitud de V.S. la fundación para que se ha construido; haber obtenido Su Majestad la Bula para este fin; estar dedicada al Santo de Su Real nombre y Glorioso Progenitor suyo y haber de celebrarse la función en el del cumplimiento de sus largos años".

La iglesia de San Fernando estaba comunicada con el colegio a través de un patio, solar del oratorio primitivo. Era "muy capaz, con siete Altares primorosamente adornados" a costa del obispo diocesano Rojas. Esto afirma Landázuri, que pudo conocer esta iglesia de Villasuso. También dice -pues nosotros no hemos encontrado nada sobre las solemnidades- que fueron cuatro las funciones y en ellas predicaron: el canónigo Magistral de Calahorra, el párroco (de San Miguel?), el agustino Fray Pedro de Alava y el jesuita P. José de Ontañón.

Muy poco sabemos del decenio que siguió a esta inauguración de la iglesia de San Fernando. El catálogo de 1759 registró al rector P. de la Mata y dos sacerdotes: el P. Serrano (ministro y predicador) y el P. Francisco Losada, que era encargado de los cultos de la iglesia. Sacristán el H. Margañón y cocinero el H. Sebastián Aróstegui. Cinco también formaban la comunidad vitoriana en 1761, pero eran cuatro sacerdotes: PP. de la Mata , Belicia, Forres y Zárate. Y el H. Andrés Bazterra se encargaba de la sacristía, enfermería y cocina.

De 1764 es el siguiente catálogo y aunque con nombres nuevos seguían siendo cinco los residentes en el Colegio de San Fernando. Diremos algo sobre sus personas. El rector Agustín de la Mata era navarro -de Viana- y de salud débil, pues tenía ahora 60años. El P. Pedro Ibarrola había nacido hacía 40 años en Andoain (Guipúzcoa) y gozaba de fuerzas "robustas": enseñaba gramática y filosofía. También guipuzcoano -de Oñate- era el casi sexagenario P. Pedro Zárate, cuyas fuerzas eran "mediocres". Lo mismo que las del P. Francisco Echalaz, que tenía 48 años y había ingresado novicio en Pamplona hacía 20 años: era napolitano y estaba de ministro y profesor en Vitoria. Nacido en la diócesis de Pamplona era el cocinero H. Juan Machain quien, pese a sus 26 años, contaba con fuerzas sólo "mediocres".

A finales de 1766 las comunidades vitorianas -ambos cabildos y frailes- decidieron "echar a los Jesuitas y anular la fundación, como ejecutada contra su voluntad". Son palabras del autor Landázuri.

Y en esto se afanaban cuando el monarca Carlos III les allanó el camino, decretando el extrañamiento y ocupación de los bienes de la Compañía de Jesús, con un Real Decreto -27 febrero- y su Pragmática Sanción -2 abril- del año 1767. Con arreglo a la comisión que recibió, el alcalde se presentó la noche del 3 de abril y embargó el Colegio de San Fernando. Al día siguiente los jesuitas salieron con destino a Bilbao. El autor Malaxechevarría dice que el colegio estaba casi terminado y al curso siguiente ya hubieran tenido las clases en el nuevo edificio.

Curiosamente, dos catálogos -manuscrito e impreso- del año 1767 añadieron puntos suspensivos tras el título Rector... Tenía cargo de ministro el P. Martín Benitua. El napolitano P. Echalaz confesaba en la iglesia y lo mismo hacía el vitoriano P. Adrián Crocce. Nuevo también -para nosotros- era el P. Bartolomé Junta, encargado de la iglesia de San Fernando. Con estos cuatro Padres un coadjutor: el H. Jerónimo Gil, cocinero y demás oficios. Ellos serían quienes abandonaran Villasuso para tomar el camino del destierro por Bilbao.

Su primero y único rector, P. Agustín de la Mata , había sido destinado al Colegio de San Andrés, en Tudela (Navarra). Y con su comunidad tudelana abandonó aquella ciudad el mismo día -4 de abril- que los vitorianos: en carruaje y con escolta viajaron los tudelanos hasta San Sebastián, su última etapa española.

"Expatriados los Jesuitas de todos los Dominios de España, se hizo venta y aplicación de todos los bienes muebles pertenecientes al Colegio de Vitoria". Mandó el monarca a ambos cabildos que le dijeran qué destino podría "dársele a la Iglesia del Colegio" y le respondieron que "para nada la contemplaban necesaria", razón por la que fue demolida... Pero de aquellas gestas -diríamos iconoclastas- conocemos mucho más de lo que nos dejó escrito Landázuri.

Primeramente, en la Colección General de las Providencias que tomó el gobierno "sobre el extrañamiento y ocupación de temporalidades de los Regulares de la Compañía " no se mencionó la iglesia, pues decía así: "Vitoria. A consulta del Consejo de 29 de Marzo de este año (1769) ha resuelto S.M. que aquel Colegio, situado en la Provincia de Alava y Diócesis de Calahorra, por no ser proporcionado en el estado actual para destino útil, se secularice y conceda a la Casa de Misericordia que se está fundando en la misma Ciudad de Vitoria, a efecto de que le reduzca (colegio) a viviendas y con su producto concurra en parte a la erección del Hospicio".

Fue después de esta resolución cuando los cabildos debieron acudir al rey y pedirle que la iglesia de los jesuitas -situada a muy corta distancia entre San Miguel y San Vicente- fuera del todo derruida así como también su pequeño oratorio anejo.

Y desde el palacio y sitio de San Ildefonso -donde veraneaba el católico Carlos III- envió su Real Cédula al obispo diocesano de Calahorra, que ahora lo era don Juan de Luelmo y Pinto, con fecha 24 de agosto de 1769. Y le decía que, según había expuesto su fiscal don Pedro Rodríguez Campo-manes, ordenó en marzo que "el referido Colegio, con el oratorio e iglesia actual, se secularice y conceda a la Casa de Misericordia que se está fundando en la misma Ciudad de Vitoria: para que le reduzca a viviendas y concurra, con su producto, a la erección del Hospicio".

Como vemos no en el documento -29 marzo- o providencia del gobierno sino en este del rey -24 agosto- es donde se habla de secularizar el colegio "con el oratorio e iglesia actual".

Otra providencia (la segunda) del gobierno decía: "Que el Reverendo Obispo, de acuerdo con el Comisionado, distribuya los Ornamentos, Vasos Sagrados y alhajas de Iglesia entre las Parroquias pobres de la Ciudad y Diócesis, atendida la mayor necesidad". Una providencia que nada tenía que ver con el total desmatelamiento de sus altares y demolición de la iglesia.

Y la tercera providencia gubernamental fue: "Extinguidas las Pensiones o annuidades de los Regulares expatriados, se aplica el producto o renta de la Memoria de diez mil ducados, fundada por Don Juan Francisco Martín de Atezana, a el Capellán o Rector que se ha de establecer en el Hospicio de Vitoria, con obligación de cumplir sus cargas, proveyéndose entonces por S.M. la Capellanía u oficio de Rector".

La Cédula Real llamaba a este fundador don Juan Francisco Martínez (no Martín) de Antezana, mientras que documentos anteriores le apellidaron "Manrique y Arana, capitán general de S.M. e hijo de esta Ciudad" de Vitoria.

El obispo Luelmo trasmitió -9 octubre- su comisión al vicario de Vitoria y así podría, "junto con la clerecía y parroquianos seculares de las iglesias de dicha Ciudad, profanar -en nuestro nombre- la Iglesia que fue del Colegio de la Compañía de Jesús y todo lo a ella anejo y concerniente". Pero debería obrar con suma gravedad y conforme a los ritos de costumbre: una vez revestido con capa y estola se arrodillaría ante la capilla mayor para orar devotamente, cantaría la oración del misterio o santo venerado en cada uno de los altares, quitaría el mantel y ara etc. etc.

Era vicario el canónigo don Pedro Antonio Ruiz de Azúa y no pudo menos de aceptar la comisión de "execrar y reducir a lugar profano la Iglesia que, en esta dicha Ciudad, tuvieron los Regulares de la Compañía del nombre de Jesús"... Y así, sábado 14 de octubre, mandó notificar esta triste comisión a los cabildos: el de la Colegiata de Santa María y el de la Ilustre Universidad , que formaban las parroquias unidas. Y les convocó para el día 18 de octubre -miércoles- a las tres de la tarde.

El comisionado vicario envió este mismo escrito a los cinco párrocos vitorianos, mandándoles que, en la Misa conventual del día siguiente -domingo- avisaran a todos los "clérigos in sacris" y residentes de su obligación: que, "revestidos de sobrepelliz e incorporados al coro de la Iglesia a que están adictos, acudan a dicho Colegio a la expresada hora" el próximo miércoles. También deberían decir a sus parroquianos que acudiesen al acto "llevando las hachas de las parroquias: para acompañar a la traslación de los huesos".

Con ambas notificaciones fue el notario Fernando Vicente de Urrechu a requerir a ambos cabildos el lunes, 16 de octubre. Al de las iglesias unidas lo hizo en la sacristía de la parroquia de San Pedro: los 14 beneficiados presentes dijeron que se unirían al cabildo de la colegiata en la procesión que "se ha de hacer, desde la Iglesia que tuvieron los Regulares de la Compañía , para la traslación de los huesos de los cadáveres de ella" hasta la colegiata.

Fue luego el notario Urrechu a requerir, con el escrito del vicario, al chantre de la iglesia colegial de Santa María y presidente de su cabildo: don Martín Jacinto de Larrea. Y en la sala capitular de la insigne colegiata -pero al día siguiente- y presididos por el chantre Larrea se juntaron otros 10 canónigos, que "confesaron ser la mayor y más sana parte" del cabildo colegial y estar dispuestos a asistir a la ceremonia del próximo miércoles.

Por abreviar -también por recato- no hemos querido dar los nombres de todos estos señores capitulares: beneficiados y canónigos vitorianos.

Fue el día de San Lucas y a las tres de la tarde: "habiéndose juntado los cabildos... en la iglesia del Colegio de San Fernando, que fue de los Regulares de la Compañía del nombre de Jesús, con las cruces de las cinco parroquias acompañadas de ciriaies y los más de los Presbíteros y ordenados in sacris, que hay en la Ciudad, vestidos de sobrepellices, y gran concurso de parroquianos y otras diferentes personas", el canónigo y vicario Ruiz de Azúa, por comisión del obispo diocesano etc.

El vicario comisionado se colocó su estola y capa morada en la sacristía de San Fernando. Luego, acompañado del maestro de ceremonias de la colegiata, se encaminó al altar mayor y se puso de rodillas: oró secretamente y en alta voz cantó la oración "del Glorioso San Fernando a quien estaba dedicado". Seguidamente le despojó de la cruz y manteles, arrancó el ara consagrada y con la ayuda de operarios retiró "las imágenes colocadas en él y con que estaba adornado".

A continuación fue haciendo el mismo rito en los seis altares restantes, dedicados a: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San José, la Inmaculada, San Miguel y San Francisco de Borja.

Desde la iglesia se dirigió al altar del "oratorio que tenía dicho Colegio al par de dicha sacristía, y se resumió la agua con que fueron lavadas y estregadas las nueve aras que en ellos (altares) había, duplicada una, en el altar de dicho oratorio".

Dice el notario Urrechu que la iglesia de San Fernando quedó "enteramente profanada y secularizada. Y sus paredes, en lo principal, sin señal de haber habido tales Altares; suspendiendo el desalojarlos de los lienzos de perspectiva –que servían de retablos– para el día siguiente, por no dar lugar el tiempo y estar bien asegurados y fijados".

Volvió el vicario a la sacristía, para revestirse con estola y capa negras, procediendo luego al traslado de los huesos de los "enterrados en dicha iglesia, que se hallaban ya recogidos de antemano –en una Caja– cn el hueco de una de las sepulturas".

Los operarios levantaron la tarima y sacaron la caja, que fue colocada en medio de la iglesia y cubierta "con la manta de luto que –para casos semejantes– tiene la Cofradía de Animas" y la prestó a petición del vicario. Todo así dispuesto, la Capilla de música de la colegiata entonó un responsorio y a continuación, "formada toda la clerecía en dos filas", fue trasladada la caja a la colegiata de Santa María. Procesión que discurrió con "la más piadosa devoción y asistencia de la mayor parte de los fieles del pueblo, con las hachas de cera" de las cinco parroquias, mientras los clérigos iban cantando los salinos y responsorios del oficio de difuntos. Una breve procesión del Campillo a la colegiata: en ésta fue depositada la caja "en uno de los carneros", que fue el de la capilla de San Felipe de Neri.

El desmonte de los retablos había sido aplazado por falta de tiempo. Pero al día siguiente –19 octubre– el vicario Ruiz de Azúa "hizo bajar por medio de operarios los siete retablos de perspectiva..., como también arrancar de sus sitios: el púlpito con su guardavoz (sic), las aguabenditeras, la campana –que permanecía en una de las espadañas de dicho Colegio– y las Armas doradas de el Jesús, que estaban colocadas en el hueco de la media naranja (cúpula) que tenía dicha Iglesia".

Urrechu termina, testificando: "quedando así ésta totalmente secularizada y profanada para que, en cumplimiento de lo resuelto por Su Majestad (que Dios guarde), se conceda a la Casa de Misericordia –que se está fundando en esta Ciudad– y se haga saber al señor Alcalde, comisionado de las temporalidades".

Nos preguntamos qué pensaría don Matías Ortiz de Jócano y Urbina –alcalde y como tal comisionado para la incautación de los bienes de los jesuitas–mientras sus ojos contemplaron la rapidez con que la piqueta fue demoliendo aquellas edificaciones que, con derroche de gastos y tantísima ilusión, su predecesor y regidores habían inaugurado en Villasuso el año 1756.

Con fecha 29 de noviembre comisionó el ayuntamiento a su procurador síndico –don Juan José de Echevarría– para que llevase a efecto "la toma de posesión real, actual, corporal vel cuasi, de la Casa colegio, Oratorio e Iglesia".

Y puesto que no dejaron piedra sobre piedra, nosotros, merced a aquellas actas de 1769, podemos imaginar cómo sería la iglesia de San Fernando, cuya silueta –con dos espadañas y una cúpula semiesférica– se recortaba en la cima de la Vitoria medieval. En cambio, si no lo avalaran los documentos del archivo municipal, nadie podría imaginar tanta prisa en borrar las obras de los jesuitas en Vitoria.

"Quedó tan extinguido y arruinado que, después de haberse extraído de él todos sus materiales –para emplearlos en otras obras– quedó y permanece el sitio reducido a campo y egido público. La casa, que sirvió de Colegio, volvió a su primer destino de habitación de seculares. Lo restante del terreno, que tenían comprado los Jesuitas con el fin de construir –en lo futuro– un gran Colegio, inmediato al primitivo, a excepción del tránsito de una calle que también la tenían interceptada los mismos Jesuitas, (todo) lo compró don Francisco Antonio de Echúvarri y Ugarte", miembro del Real Consejo de Indias. En este solar edificó una mansión que luego heredó su primogénito.

Por su parte, los herederos de doña Atanasia de Manrique y Arana –sobrina del fundador del colegio jesuítico– recurrieron al Consejo y lograron que el testamento fuese declarado nulo, beneficiándose ellos de los bienes raíces del difunto capitán general. Pero éste tenía otra sobrina monja –en las Brígidas de Vitoria– por lo que tuvieron que dividir con la religiosa toda la hacienda de su tío don Juan Francisco de Manrique y Arana.

Contemporáneo a estos sucesos –demolición, venta y herencia fue el autor vitoriano Landázuri, que editó su Historia de Vitoria en 1780. Por eso mismo, resulta bastante extraño que no hiciera mención de toda aquella parafernalia de la desacralización de la iglesia de San Fernando: un acontecimiento que, ciertamente, tuvo que conmover a toda la ciudadanía. Porque sería la primera vez que los piadosos vitorianos asistían a un rito semejante.